Sobre la relación con las FARC

Durante el mes de Diciembre hemos asistido al comienzo de una nueva etapa en el enfoque que la comunidad internacional hace sobre un grave problema, que aqueja a nuestra querida Colombia: la relación con las F.A.R.C. (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Muchas han sido las opiniones sobre el estilo de las negociaciones, como así también los compromisos asumidos por diferentes Jefes de Estado en cuanto a un esfuerzo irrestricto para la liberación de rehenes. Entre marchas y contramarchas se ha logrado un primer resultado, que puede parecer magro (y de hecho lo es), pero no deja de significar un avance. Por supuesto es difícil divorciar de cualquier análisis el centro de esta cuestión: se trata de un problema político y humanitario que concierne, desde el punto de vista constitucional, solo a las autoridades colombianas, por lo menos en cuanto a la instrumentación directa de las negociaciones. Harto complejo resulta observar el límite del respeto por las decisiones de una nación soberana si se desconoce dicha soberanía desde los discursos, en algunos casos altisonantes, de alguno de los participantes. Haciendo una lectura benigna de estas intervenciones, podríamos atribuir algunas desprolijidades a la ansiedad humanitaria por la búsqueda de resultados efectivos. Aún asumiendo esta hipótesis, entendemos que en ningún momento debería olvidarse que Colombia, amén de nación soberana, se encuentra gobernada por autoridades legítimas, elegidas en virtud a mecanismos democráticos. Cuando uno ofrece ayuda, debe entender que la misma se debe atener a lo que el objeto de nuestra ayuda solicita y no a lo que nosotros entendemos que esa misma debería ser. Hasta donde se puede entender este complejo problema, las F.A.R.C. no responden a la Constitución de Colombia y, dicho sea de paso, tampoco a normas internacionales sobre Derechos Humanos. No puede explicarse de otra forma la existencia de cientos de rehenes, incluso extranjeros, que se encuentran “secuestrados” desde hace años, sin las más mínimas garantías, ni proceso alguno que valide su detención. Es probable que muchos de los reclamos y posturas políticas que las F.A.R.C. sostienen revistan cierta legitimidad ideológica; pero de ninguna manera puede justificarse la violencia intrínseca, que pone a toda una nación en condiciones de guerra interna. Las diferencias de ideas, en los sistemas democráticos, se dirimen en las urnas: no existe “ninguna otra forma aceptable”. Aún suponiendo que alguno de los objetivos que persigue esta fuerza irregular fuera legítimo, no lo son las herramientas utilizadas. Un secuestro extorsivo es uno de los peores actos criminales que se pueden cometer. Por desgracia, algunos líderes coyunturales, de discutible representatividad, empañan con sus declaraciones el brillo del esfuerzo mancomunado de muchos buenos hombres que abogan por solucionar la libertad de víctimas inocentes y la paz interna de un país. En la democracia no hay lugar para las armas. Deseo fervientemente que el proceso no se interrumpa hasta lograr la libertad del último de los rehenes; que los actores de este drama sepan mesurar sus discursos y no tener injerencia en la política interna y soberana de la hermosa Colombia y, fundamentalmente, que la lucha armada pase a la historia como un ejemplo de los errores que el hombre no debe repetir.